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Los ciudadanos tienen derecho a conocer que en algunos temas los dueños de los medios tienen intereses en las informaciones que presentan y, aún más, que esos intereses -particulares y legítimos– pueden ir en contravía del interés público.

Poder económico, poder político y poder mediático se han asociado para que en Colombia se aplace y asordine un debate que se empieza a dar en el mundo entero: ¿es perjudicial el azúcar para la salud? No el consumo excesivo, simplemente el habitual. Hace unos días, The New York Times publicó las evidencias de que un estudio científico –hecho hace más de 50 años– fue engavetado porque demostraba que el consumo de azúcar está asociado con dolencias cardiovasculares y cáncer de vejiga, entre otras enfermedades.

Eso que sucedió en Estados Unidos ha tenido su reflejo en Colombia en al menos tres ocasiones recientes. La primera, relacionada con una multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a los ingenios azucareros; la segunda, por una iniciativa para cobrar impuesto a las gaseosas; y la tercera, por la censura a una campaña publicitaria que se proponía mostrar los efectos del consumo de azúcar.

La Silla Vacía –que hace el mejor periodismo digital de Colombia– ha insistido, muchas veces de manera solitaria, en la necesidad de que se hable francamente de los intereses involucrados en este asunto.

Los colombianos no han tenido suficiente información sobre el tema, en buena medida porque importantes actores de la industria azucarera tienen una influencia en los contenidos informativos que reciben los ciudadanos porque son dueños de medios o porque son anunciadores.

La Organización Ardila Lülle, uno de los principales grupos económicos del país, es el más grande productor azucarero de Colombia. Es dueña, entre otras empresas, de los Ingenios Incauca y Providencia; también lo es de Postobón, la mayor productora nacional de gaseosas, y de varios medios de comunicación entre los que están el Canal RCN, la cadena radial RCN y el diario La República.

La discusión es relevante porque los ciudadanos tienen derecho a conocer que en algunos temas los dueños de los medios tienen intereses en las informaciones que presentan y, aún más, que esos intereses –particulares y legítimos– pueden ir en contravía del interés público.

Tres ejemplos sirven para ilustrar la necesidad de que la gente sepa quién está detrás de las informaciones. Al terminar el año 2015, la Superindustria impuso cuantiosas multas a ingenios azucareros y a sus directivos. El entonces vocero jurídico de los azucareros, Néstor Humberto Martínez, fue condescendientemente entrevistado en el Canal RCN.

–La superintendencia impuso unas multas multimillonarias pasando por un lado lo que la ley ordena en esta materia –afirmaba el abogado en la entrevista. Ante lo cual el periodista le lanzó una bola suave:

–¿Esto desconocería la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Primera y Sala Plena, en el tema de dosimetría de sanciones a empresas?

–Es inequívoco –respondió complacido el entrevistado– al momento de sancionar y poner las multas y graduarlas, no tuvo en cuenta los criterios de ley.