“O nos reformamos o nos reforman”. Esa célebre frase, pronunciada por Fabio Valencia al tomar posesión como presidente del Senado en 1998, se me vino a la cabeza a raíz de los últimos incidentes bochornosos en el Congreso de la República. Casi dos décadas después, y con todo lo sucedido en tantos años, la triste realidad es que no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Y hoy estamos pagando las consecuencias.

Si bien el papel del Legislativo a lo largo del tortuoso camino del fast track ha sido deplorable, peló el cobre con la reforma política. La propuesta original, presentada por la comisión de expertos designada en desarrollo del Acuerdo del Teatro Colón que amplía el pluralismo político y moderniza el sistema electoral para garantizar la transparencia, poco a poco, con cada debate, fue quedando mutilada. Se eliminaron aspectos claves como la financiación de las campañas, un nuevo tribunal electoral y las listas cerradas para corporaciones públicas, entre muchos otros.

La estocada final fue en contra de las coaliciones para las corporaciones públicas, que sin duda le darían un nuevo aire al debate electoral, particularmente a los sectores minoritarios. Pero eso es precisamente a lo que más le temen los partidos tradicionales, miedo seguramente exacerbado tras los resultados en Yopal.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, lo dijo de frente: las coaliciones fueron un “intento oportunista de resolver las afugias electorales de la izquierda”, lo cual no sólo refleja mezquindad y arrogancia, sino que desconoce lo obvio: si una reforma busca abrirle espacios de participación política a quienes no la han tenido, los beneficiados serán precisamente quienes no la han tenido, es decir, la izquierda. No olvidemos que Colombia es el único país de Suramérica que nunca ha tenido un gobierno de izquierda.

Más bien, Lara prefirió beneficiar a su partido, Cambio Radical, que no es más que la misma derecha liberal del tío abuelo de su jefe, Vargas Lleras, quien pactó con Laureano Gómez el Frente Nacional para perpetuar a los partidos tradicionales en el poder.

Es hasta entendible que las mayorías corruptas y clientelistas se sientan amenazadas por el ascenso de nuevos actores, la independencia del órgano electoral, el control sobre sus finanzas y la transparencia de las votaciones, es decir, por la apertura democrática. Lo cierto es que les importa un bledo incumplir un aspecto central del punto dos de los acuerdos de La Habana, aunque sea una tarea pendiente de la democracia colombiana.

Pero es realmente insólito el desprecio que demostró tener el Congreso por las víctimas, con el lamentable desenlace de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, diseñadas para darle representación a los territorios más golpeadas por el conflicto. Se dejó lo más importante para última hora y en vez de poner la cara, muchos optaron por el ausentismo descarado. Como profesor, sé que es grave cuando los alumnos no asisten a clase, pero es mucho peor si faltan al examen final.

Hoy por hoy, las Circunscripciones Especiales siguen en el limbo, pese a que el presidente Santos dice, con razón, que ya fueron aprobadas. Pero aun lográndose, estos espacios tan importantes ya nacerán de manera atropellada. Con fecha límite del 11 de diciembre para la inscripción, el proceso de selección de candidatos necesariamente se hará a las patadas.

Somos un país presidencialista, y por eso la atención por estos días suele estar concentrada en las encuestas sobre candidaturas presidenciales. Pero en el calendario, marzo viene antes que mayo. Aunque sin duda las elecciones presidenciales del año entrante serán cruciales, las del Parlamento son tan o aun más importantes para el futuro del país.

Además de demostrar lo poco que le importa la paz, la democracia o las víctimas, es evidente que el Congreso no parece percibir, y menos entender, el repudio creciente y generalizado de la gente del común frente a la clase política y la politiquería tradicional. El altísimo número de candidaturas, la gran mayoría por firmas, es sólo un síntoma más de la crisis de la política.

La teoría democrática dice que las elecciones deben tener “reglas ciertas y resultados inciertos”. En Colombia, solía ser al revés: “reglas inciertas y resultados ciertos”. Ahora, al menos hemos avanzado hacia “reglas inciertas y resultados inciertos”.

Es obvio que el Congreso de hoy no va a reformar la política ni reformarse a sí mismo. Aprovechemos el despelote actual y la ira ciudadana acumulada para cambiarlo de pies a cabeza. ¡Fuera los mismos con las mismas! ¡Reformémoslo sacándolos a todos! Fuente : El Espectador