Buena parte de las especies de lombrices, gusanos, pulgas, garrapatas y piojos podrían desaparecer.

El cambio climático podría causar la extinción de una tercera parte de las especies de parásitos hacia 2070, lo que, a su vez, alterará drásticamente los ecosistemas, según un estudio internacional que publica hoy Science Advances.

Se trata del primer estudio que analiza simultáneamente a los parásitos y a los simbiontes no parásitos, es decir comensales o mutualistas de los animales en los que se hospedan. Para ello, los autores utilizaron una gran base de datos global de los ácaros de las plumas de las aves, que actúan como "barrenderos" de las plumas de los pájaros. 

El trabajo advierte de que los parásitos son uno de los grupos biológicos más amenazados de la Tierra. Este grupo de organismos incluye lombrices, tenias, gusanos, pulgas, garrapatas, piojos y otros parásitos. La mayoría son conocidos por causar enfermedades en los seres humanos, el ganado y otros animales, pero lo cierto es que juegan un papel importante en los ecosistemas, ya que ayudan a controlar la salud de las poblaciones salvajes y mantienen la circulación de energía a través de las redes tróficas. Y como muchos parásitos tienen ciclos de vida que implican pasar a través de diversas especies hospedadoras, la diversidad de parásitos se considera un signo de la salud de un ecosistema. 

Para realizar este trabajo, los investigadores estudiaron la colección de parásitos del Smithsonian Museum, de Washington, que contiene más de 20 millones de ejemplares. El equipo de investigadores, que incluye 17 científicos de ocho países, pasó años rastreando el origen geográfico exacto de decenas de miles de especímenes de parásitos, añadiendo las coordenadas GPS, una información que ha sido esencial para este estudio y que ayudará en futuras investigaciones. 

Una vez que la información geoespacial estaba completa, los datos se usaron para hacer predicciones sobre el futuro de los parásitos ante los cambios climáticos. Empleando predicciones climáticas, los investigadores compararon cómo será el impacto del cambio climático en diversas situaciones sobre 457 especies de parásitos. 

Los análisis han determinado que los parásitos están más amenazados incluso que los animales que les sirven de hospedadores, y que la capacidad de dispersión de los parásitos es determinante en el efecto que tendrá el cambio climático sobre su extinción.

"Esto es muy relevante en escenarios como el actual de globalización y emergencia de enfermedades, abriendo una nueva vía en el estudio de los efectos de los saltos de hospedador", señaló Jorge Doña, investigador predoctoral del español Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

El modelo climático más catastrófico predijo que más de una tercera parte de especies de parásitos podrían desaparecer hacia 2070, mientras que los modelos más optimistas señalaron que la pérdida de especies sería de un 10 por ciento.

(Fuente : El Tiempo)

LA EMPRESA ASEGURA QUE TODAS SUS ACTUACIONES ESTÁN DENTRO DE LA LEY

Presuntos incumplimientos del plan de manejo ambiental podrían paralizar el pozo Trogón 1, ubicado en Guamal (Meta). La petrolera lo ha definido como su “joya de la corona”.

El lote está vacío: sus nueve hectáreas son un potrero sin vacas, a unos 43 kilómetros al sur de Villavicencio. Sin embargo, ya causó una huelga de hambre, la protesta de cuatro mujeres encadenadas en una carretera el pasado 18 de agosto y por lo menos cinco enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y habitantes de Pío XII, la vereda de Guamal (Meta) donde se encuentra.

El lote se llama La Porfía y al frente, desde hace ocho meses, hay una asamblea permanente de por lo menos 400 habitantes de Pío XII que se oponen a lo que allí se construirá: un pozo petrolero llamado Trogón 1. Un pozo cuyo dueño es Ecopetrol y que fue definido en julio pasado por quien entonces era su presidente, Juan Carlos Echeverry, como “la joya de la corona”. Si bien no hay cifras claras, Echeverry ha señalado en intervenciones públicas que la cantidad de barriles de Trogón asciende a los “miles de millones de barriles”.

José Costello, vicepresidente de la regional Orinoquia de Ecopetrol, dijo en enero que los dos campos más productivos de la empresa —Rubiales y Castilla La Nueva, ambos en el Meta— están llegando a su madurez y su producción va para abajo. Trogón llegaría a reemplazar a esos pozos y, según Costello, convertiría a Guamal en el principal municipio productor de crudo del país. Pero un reciente oficio de la Procuraduría podría frenar el proyecto hasta nueva orden y costarle a Ecopetrol una sanción ambiental.

El documento, que redactó el procurador encargado de los asuntos ambientales de los Llanos Orientales, Hilmer Fino, recoge ocho presuntos incumplimientos e irregularidades de Ecopetrol a la hora de construir su pozo estrella y le pide a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que investigue, pero también que, “a la mayor brevedad, y antes de que se cause un daño irreversible, se suspendan todas las actividades adelantadas por Ecopetrol en la plataforma correspondiente al pozo exploratorio Trogón 1”. Según el procurador, los cuerpos hídricos y la vocación productiva de la vereda, en la que predominan las fincas de menos de tres hectáreas, podrían estar amenazados.

Esta historia parece la repetición de otra que ya vivió Guamal, con unas cuantas variaciones. En mayo de 2012, este municipio ganadero y agrícola del piedemonte llanero estaba a punto de sumarse a los municipios petroleros de los Llanos. Ese mes, la ANLA le dio luz verde a Ecopetrol, que se alió con la multinacional Repsol para explorar y explotar un bloque petrolero de poco más de 206.000 hectáreas que cobijaban cinco municipios del Meta. Su nombre era CPO09. Su pozo más prometedor: el Lorito 1, ubicado en Montecristo, una vereda de Guamal.

El problema es que a tan sólo 100 metros de la plataforma Lorito 1 pasaba el río Humadea, que atraviesa el municipio bajando desde el páramo de Sumapaz y del cual se toma el agua del acueducto municipal. Además, la plataforma se construiría sobre un acuífero subterráneo de 1.032 hectáreas. Édgar Cruz, quien dirige la Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea (Corpohumadea), lideró una protesta pacífica y desde Corpohumadea interpuso una tutela y una acción popular contra Lorito 1, que llegaron hasta la Corte Constitucional.

El peor enfrentamiento sucedió en enero de 2013, cuando el Esmad llegó para despejarle el camino al taladro que haría las exploraciones. Ese mismo mes, Cormacarena lanzó un concepto técnico señalando que el pozo Lorito 1 ponía en riesgo las aguas del acueducto municipal. La Defensoría le dio la razón, así como la Gerencia Ambiental del Meta. Mientras tanto, Ecopetrol argumentaba que mientras la ANLA no se pronunciara sobre el Plan de Manejo Ambiental específico del pozo, no era posible frenar los trabajos. Un mes más tarde, cuando peones, funcionarios e ingenieros de Ecopetrol ya estaban instalando la plataforma, la ANLA aprobó el Plan de Manejo Ambiental para Lorito 1.

Finalmente, con la comunidad, Cormacarena, la Defensoría y la Gobernación en contra, en los últimos meses de 2013 la Corte Constitucional ordenó parar las exploraciones en Lorito 1 hasta decidir a fondo. Luego, el Consejo de Estado levantó esos impedimentos y Ecopetrol siguió trabajando con la promesa de correr la plataforma 300 metros. Pero, jurídicamente, ese pozo sigue en veremos. Según el líder comunitario Édgar Cruz, fue por eso que, en 2014, Ecopetrol empezó a hablar de una nueva joya de la corona: el pozo Trogón 1.

De vuelta al principio

Con semejante montaña de problemas, la comunidad, representada por Corpohumadea, se sentó con Ecopetrol, así como con las autoridades locales y regionales, a negociar las condiciones en las que se haría este nuevo pozo. Según le dijo Édgar Cruz a este diario, “con la empresa implementamos tres mesas: la laboral, la ambiental y la de responsabilidad social empresarial”.

En dos de ellas —la laboral y la de responsabilidad social— se llegó a acuerdos: Ecopetrol aclaró que la contratación se haría en un 90 % con operarios del municipio, y construyó el Centro Vida Eliseo Achury Garavito, para 500 adultos mayores. Sin embargo, la mesa ambiental, en la que, según Cruz, la empresa se comprometió a hacer nuevos estudios técnicos de impacto ambiental, se quedó en el aire. De acuerdo con Ecopetrol, eso sucedió porque Cormacarena no volvió a convocar a las reuniones. Al preguntarle a esa corporación por qué no volvieron a citar a las mesas, no hubo respuesta.

Según Corpohumadea, en octubre de 2016 la gente volvió a tener noticias de Trogón 1. Al lote La Porfía empezaron a entrar camiones y peones, funcionarios e ingenieros de Ecopetrol para instalar la plataforma. Esa llegada de la empresa desencadenó nuevas protestas: Corpohumadea recogió 400 firmas de personas que se oponen al proyecto y se instaló una asamblea permanente frente al lote La Porfía. Sus peticiones eran que les socializaran, con detalle, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el pozo Trogón 1.

Ecopetrol asegura que, antes de su entrada, hizo reuniones con las comunidades y que informó “predio a predio” sobre los trabajos que estaban haciendo. Pero según información de prensa, de Cormacarena y que la misma empresa le facilitó a El Espectador, sólo hay constancia de reuniones a partir de 2017 en las que se habló puntualmente del Plan de Manejo Ambiental específico de Trogón 1.

“Ellos empezaron a hacer trabajos sin siquiera contar con un Plan de Manejo Ambiental específico para el pozo”, señaló Édgar Cruz. Y es cierto: los papeles demuestran que Ecopetrol le entregó a la ANLA y a Cormacarena este documento el 23 de junio de 2017, tres días antes de tener la segunda de dos reuniones para hablar sobre el mismo con las comunidades.

De hecho, esa presunta falta de socialización es el primer incumplimiento por el cual el procurador Hilmer Fino solicitó suspender el proyecto. Para el procurador, “no se ha cumplido con esta obligación, que no puede entender satisfecha con el suministro de información vaga sobre el área de perforación exploratoria”. Los opositores al proyecto se preguntan cómo es que una empresa puede darles la información clara y completa sobre un Plan de Manejo Ambiental que ni siquiera ha sido aprobado por la ANLA y sobre el cual Cormacarena tampoco se ha pronunciado.

Ecopetrol se defiende asegurando que para eso creó un grupo de buenas prácticas ambientales con gente de las “comunidades afectadas” y que ese grupo, tras varios recorridos por la vereda, no encontró ninguna fuente de agua cercana al proyecto. No obstante, quienes se oponen critican que, de sus 18 integrantes, sólo cuatro viven en la vereda (el resto viene de otras partes del municipio) y ninguno hace parte de la Junta de Acción Comunal o de los grupos ambientalistas veredales.

De hecho, la falta de un inventario completo y detallado de los acuíferos subterráneos y otros cuerpos de agua presentes 200 metros alrededor del pozo es otro de los puntos que señaló la Procuraduría en su oficio. Si bien este debía presentarse en el Plan de Manejo Ambiental, Ecopetrol aseguró que no fue posible hacerlo pues la gente no los dejó entrar a los predios. El procurador cree que la empresa no agotó “todas las herramientas jurídicas ni los mecanismos técnicos” para cumplir con esta obligación.

El procurador Fino dice, además, que hay una indefinición, tanto en el programa de compensación forestal por el pozo como un desarrollo incompleto de los planes de contingencia en caso de derrames. Además asegura en su solicitud que no se han elaborados dos importantes fichas del proyecto y que, de acuerdo con las licencias, deberían hacerse antes del inicio de las obras: una sobre cómo van a compensar a los minifundios que se podrían ver afectados con una obra de esta magnitud y otra sobre la ubicación del límite más alto de la vereda, a partir del cual la empresa no puede realizar ninguna intervención.

Para el procurador Fino, el hecho de que ninguno de estos puntos se haya cumplido antes de que el taladro llegara a la vereda Pío XII es suficiente para pedir una suspensión. No obstante, la ANLA le explicó a El Espectador que el inicio de obras civiles sin que haya un Plan de Manejo Ambiental para el pozo es completamente legal. Mejor dicho: una empresa puede construir la plataforma e instalar el taladro para la exploración, pero no puede hundirlo en la tierra hasta que la ANLA apruebe ese documento.

Por eso, Ecopetrol argumenta que no es posible frenar los trabajos, que empezaron en julio pasado y que, según el cronograma de la empresa, deberán terminar en 42 días. Por su parte, la ANLA le respondió a El Espectador que, si bien podría haber infracciones, seguía revisando. Y que hasta no tener un concepto técnico definitivo, no podía pronunciarse.

Así, lo más probable es que cuando la ANLA empiece a estudiar la solicitud del procurador para frenar las obras, estas ya hayan terminado y la empresa esté verificando si allí se encuentran los “miles de millones de barriles” de petróleo que convertirían a Trogón 1 en el pozo más importante del portafolio de Ecopetrol. Mientras tanto, la Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea (Corpohumadea) sigue liderando la protesta pacífica, que ya cumple nueve meses.

(Fuente: El Espectador)

Una investigación de la Universidad de Córdoba demostró la calidad del agua del río Sinú peligra debido al uso de plaguicidas y metales pesados en la región.
 

Existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, Viajero del río, Y existe el río. Este poema que el escritor cartagenero Raúl Gómez Jattin le dedicó al Valle del Sinú podría estar equivocado. De acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Laboratorio de Agua de la Universidad de Córdoba, el río Sinú –fuente principal de agua para Córdoba y Sucre– está contaminándose por el uso de plaguicidas y metales pesados.

La investigación tomó 16 muestras en 16 puntos distintos del trayecto del río, desde su nacimiento, en el Nudo de Paramillo, hasta su desembocadura, en el mar Caribe. La conclusión es que los metales pesados como hierro, zinc, manganeso, cadmio y plomo están presentes tanto en el agua como en los peces, igual que los plaguicidas, sobre todo en Lorica, Chimá, Momil y Purísima.

Lo grave es que la investigación concluyó que la cosa se pone peor en invierno, pues los sedimentos se mueven y las partículas de metal se liberan. Y rrecisamente, el primer día de agosto de este año, el IDEAM y el Grupo de Gestión de Riesgo de la CVS emitieron una alerta roja en las cuencas del río Sinú y San Jorge, sobre todo para los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento. El río ya está desbordado y tiene con el agua a las rodillas a 60.000 ribereños.

Según el investigador principal, el profesor Edineldo Lans Ceballos, la particularidad de este estudio es que calculó la cantidad de metales en el agua que son asimilados por los organismos. Es decir, son elementos que no pueden ser filtrados en los procesos convencionales de tratamiento de agua –a pesar de que se vea cristalina– ni eliminados del organismo. Todo eso se suma al hecho de que son acumulativos, como una mancha que no quita nunca.

En exceso, estos metales afectan las vías respiratorias y digestivas, comprometen la reproducción de ADN, pueden provocar úlceras, irritación de la piel, anemia, perturbar el metabolismo de proteínas y generar otras adversidades para la salud humana y la vida.

En cuanto a plaguicidas, el panorama no mejora. Prácticamente todos los plaguicidas sintéticos son tóxicos en mayor o menor grado, y como son compuestos que no se degradan, comienzan a acumularse. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, en Colombia hay 2.000 plaguicidas registrados que están permitidos y en uso, y unos 63 elementos prohibidos o suspendidos por usar elementos tóxicos como el mercurio. Los plaguicidas que son bañados son arrastrados por el viento, caen con las gotas de lluvia y viajan en el cauce de los ríos. Mejor dicho, mientras usted lee esto, las aguas del río Sinú se vuelven cada vez más tóxicas.

Aunque sus efectos no sean visibles inmediatamente, causan trastornos hepáticos, erupciones en la piel y los ojos, el sistema nervioso central y es sabido por muchos que pueden ser carcinógenos.

¿Cómo midieron la contaminación del Sinú?

Si bien la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge tiene un Laboratorio de Aguas para testear el río, el estudio de la Universidad de Córdoba fue el primero en diseñar una línea base para medir la calidad del agua del río Sinú, que es el recurso hídrico principal de ocho municipios, incluida Montería, y la totalidad de la población indígena zenú.

El índice de calidad del agua, WQI, (por su sigla en inglés), que en español es conocido como ICA, nació en los años setenta y en la actualidad es utilizado para supervisar la calidad de los ríos a través del tiempo y comparar aguas de abastecimiento en Estados Unidos y muchos países del mundo. Se calcula de 0 a 100, siendo 0 el agua más contaminada, y 100 de excelente calidad. El río Sinú se sacó entre 51 y 70 puntos.

Con esta herramienta las autoridades ambientales tienen el insumo para comparar el estado del agua a través del tiempo y tomar medidas al respecto. Pero hay un detalle: este estudio no es nuevo. Se empezó en 2009 y fue publicado en 2015, desde entonces ninguna otra investigación se ha ocupado de medir la calidad del agua del río Sinú, que según el profesor Lans Ceballos, “debe estar empeorando”.

Si no hay estudios, es porque no hay medidas, es decir, instrumentos o sistemas para vigilar la calidad de las aguas superficiales: ríos, ciénagas, quebradas, lagunas, etc. Por eso este estudio recurrió a las medidas que proponen países como Ecuador, Estados Unidos y Alemania para determinar qué tan malo es malo.

Según Lans Ceballos, “no podemos saber de dónde viene la contaminación y no hay estudios que respondan a esta pregunta.Pero es muy claro que la agricultura, la ganadería extensiva, el mal manejo de plaguicidas y de otros desechos es la causa principal de que el río Sinú tenga un nivel de contaminación medio”.

Sin duda, el estudio es una alarma para los ocho municipios que baña y que dependen de la siembra, la pesca, la ganadería, la minería arenera o la contratación de transportes improvisados. Es preocupante sobre todo para el pueblo indígena Zenú, una comunidad anfibia cuya supervivencia depende de la salud del río y de los peces que lo habitan.

(Fuente : El Espectador )

Tras conocerse un vídeo en el que un camión de la compañía vertía residuos de cemento sobre este río, en el municipio de Valencia, Córdoba, la firma condenó el acto y aclaró que el responsable fue despedido.
A lo largo de este fin de semana varios usuarios empezaron a compartir un curioso vídeo. En este se puede ver un camión de Argos desechar un vertimiento de cemento en el río Sinú, en el municipio de Valencia, Córdoba.  Cerca del lugar, aclararon en redes algunos usuarios, se está construyendo un puente, razón por la cual el camión estaba en la zona.

Tras conocer los hechos, expertos de la secretaria general de la gobernación de Córdoba, así como de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, anunciaron que realizarán una investigación.

Por su parte Cementos Argos, a través de un comunicado, explicó que elvertimiento fue realizado por un tercero que le presta servicios de transporte a la compañía y pidió disculpas por la situación.

“En Argos rechazamos enfáticamente este tipo de acciones y reiteramos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente”, afirmó la compañía Igualmente, aclaró que ellos mismos presentaron una queja ante las autoridades ambientales y que durante el día sábado una equipo de expertos ambientales de Argos fue a la zona para poder presentar un plan de mitigación.

Finalmente, Tomás Restrepo, vicepresidente de la Regional Colombia también se pronunció, dejando claro que la persona que hizo el vertimiento fue despedida con justa causa y que se evaluarán acciones legales en contra del responsable. (Fuente : El Espectador)

 

Esto encontró un modelo de simulación desarrollado por la Universidad Central. Entre los años 2017 y 2030 se habrán desechado casi 400 millones de celulares.

Aunque es un tema que consideramos poco a la hora de comprar un celular, estos aparatos también son una de las principales fuentes de emisiones de gases efecto invernadero. Por lo menos, eso fue lo que concluyó un modelo de simulación realizado por la Universidad Centralde Colombia, pues encontró que sólo en 2016 los celulares llegaron a emitir hasta 843,3 toneladas de dióxido de carbono (CO2) en el país.

Para llegar a esta cifra David Ruíz, estudiante de Ingeniería Ambiental, bajo la dirección de la profesora Sandra Bautista, desarrolló una serie de ecuaciones que le permitieron simular cuántos residuos genera un celular en un ciclo de vida de cuatro años. 

La fórmula tuvo en cuenta varios factores, tanto económicos como ambientales. Algunos de los que entraron en el primer grupo son las variables  que tiene en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio a la hora de poner multas al mercado de telefonía móvil, el PIB per cápita, el factor de reúso y las líneas celulares por cada 100 habitantes en Colombia, entre otras. 

Por su parte, los factores ambientales que se tuvieron en cuenta fueron el consumo de energía de cada teléfono, el factor de emisión, el peso y los resultados de unas encuestas realizadas entre 2008 y 2014. Con toda esta información, además, se realizó una proyección desde el año 2015 hasta el 2030.

Así el modelo encontró que sólo en el año 2016 se emitieron 843,3 toneladas de CO2. “Nosotros como usuarios de teléfonos móviles contribuimos con 239,6 toneladas que son necesarias para el funcionamiento de los celulares debido al consumo de energía eléctrica”, explicó Ruíz en un comunicado de la Universidad. Las 603,7 toneladas restantes corresponden a la disposición final del aparato.

 “Podemos comparar estas emisiones con el uso de 95.739 galones de gasolina en vehículos automotores en casi 5 millones de kilómetros recorridos”, afirmó  Bautista.

Según el estudio, alrededor de 20 millones de teléfonos móviles fueron desechados en el 2016, lo que en peso serían aproximadamente 2500 toneladas, equivalentes a casi la mitad de toda la basura generada en Bogotá en un día.

De acuerdo con los resultados del modelo aplicado por los investigadores, entre los años 2017 y 2030 se habrán desechado casi 400 millones de celulares, equivalentes a unas 50 mil toneladas de CO2.

Por esto los investigadores advierten que hay un alto riesgo en la forma inadecuada como se están desechando los celulares, los cuales terminan en los rellenos sanitarios. Allí pueden llegar a liberar varias sustancia tóxicas para el medio ambiente, como plástico y metales pesados. (Fuente : El Espectador)

La tecnología, iconoclasta en apariencia pero tomada muy en serio por los ecologistas expertos, está siendo sometida a prueba en Los Ángeles.

Esta ciudad, donde las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados en verano, es una de las primeras megalópolis del mundo en probar este "cool pavement" o "pavimento fresco", pintando algunas calles a lo largo de la ciudad con un revestimiento especial de color blanco grisáceo.

 

El pavimento de asfalto negro común absorbe entre 80% y 95% de la luz solar mientras que el revestimiento claro la refleja, lo que baja la temperatura del suelo de manera significativa, de acuerdo con los partidarios de esta tecnología.

"El calor aquí, sobre la superficie negra... es de 42°, 43°C en este momento. Y sobre la superficie ya seca del otro lado, a pesar de tener una sola capa de blanco y necesitar todavía una segunda, es de 36°C", sostiene Jeff Luzar, vicepresidente de Guartop, la compañía que proporciona el recubrimiento, durante una demostración a la prensa. "Una diferencia de temperatura de 6° a 7°C".

Greg Spotts, director adjunto de la oficina de mantenimiento de carreteras de Los Ángeles, dice que se trata de la primera ciudad en California en poner a prueba este "pavimento fresco" sobre una calle pública. Anteriormente se ha utilizado pero en aparcamientos.

"Esperamos que otras ciudades se inspiren (...) y que los fabricantes se animen a desarrollar nuevos productos", afirma.

¿Una promesa real?

Ahora la municipalidad debe observar las reacciones de los habitantes a estas inusuales calles blancas, y ver la rapidez con que se ensucian por el paso de los coches y los restos de aceite y combustible.

George Ban-Weiss, profesor adjunto de ingeniería civil y ambiental de la Universidad del Sur de California, considera que el "cool pavement" supone una promesa real en la lucha contra el calentamiento global en las ciudades donde el asfalto y la concentración demográfica y vehicular crean un efecto conocido como "isla de calor" (heat island).

"El pavimento que refleja el calor del sol es una de las estrategias, como también los techos refractarios o la siembra de árboles, que las ciudades pueden aplicar para reducir las temperaturas urbanas", estimó el experto a la AFP.

Alan Barreca, profesor de ciencias ambientales en la UCLA subraya que "ya existe una tecnología eficiente para protegernos de las olas de calor, que son los sistemas de climatización", pero "no todos tienen los medios para contar con uno en casa", mientras que "el beneficio del pavimento fresco lo percibe todo el mundo".

Además, "una menor dependencia de los sistemas de climatización significa menos emisiones de gases de efecto invernadero" y de consumo de energía, añadió.

De acuerdo con el experto, esta tecnología que cuesta sólo 40.000 por milla (1,6 km), tiene el potencial de proteger "a mucha gente a un bajo costo en áreas urbanas con alta densidad" como Los Ángeles, más que en los suburbios menos densamente poblados. (Fuente : EFE)