El convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, permitirá desarrollar de manera articulada  proyectos para la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales en 18.179 kilómetros cuadrados (km2), lo que representa el 28,58 por ciento del total del territorio antioqueño, de 63.612 km2.

Esta alianza permitirá, por ejemplo, trabajar interinstitucionalmente por el desarrollo humano sostenible, la generación de valor social, económico y ambiental y de multiplicar buenas prácticas como la protección de cuencas hídricas y la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.

En total, 19 municipios de tres subregiones de Antioquia se beneficiarán de este convenio entre EPM, Corpourabá y Aguas Regionales. En Urabá el convenio beneficia a Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó; en el occidente, a Dabeiba, Uramita, Giraldo, Peque, Abriaquí, Frontino y Cañasgordas; y en el suroeste a Urrao.

En estos municipios vive el 12,14 por ciento de la población de Antioquia (cerca de 794.000 personas de un total de 6,3 millones de habitantes del departamento), por lo que se espera que el impacto positivo sobre el medioambiente sea grande. (Fuente : El Tiempo)

Buena parte de las especies de lombrices, gusanos, pulgas, garrapatas y piojos podrían desaparecer.

El cambio climático podría causar la extinción de una tercera parte de las especies de parásitos hacia 2070, lo que, a su vez, alterará drásticamente los ecosistemas, según un estudio internacional que publica hoy Science Advances.

(Fuente : El Tiempo)

Presuntos incumplimientos del plan de manejo ambiental podrían paralizar el pozo Trogón 1, ubicado en Guamal (Meta). La petrolera lo ha definido como su “joya de la corona”.

El lote está vacío: sus nueve hectáreas son un potrero sin vacas, a unos 43 kilómetros al sur de Villavicencio. Sin embargo, ya causó una huelga de hambre, la protesta de cuatro mujeres encadenadas en una carretera el pasado 18 de agosto y por lo menos cinco enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y habitantes de Pío XII, la vereda de Guamal (Meta) donde se encuentra.

El lote se llama La Porfía y al frente, desde hace ocho meses, hay una asamblea permanente de por lo menos 400 habitantes de Pío XII que se oponen a lo que allí se construirá: un pozo petrolero llamado Trogón 1. Un pozo cuyo dueño es Ecopetrol y que fue definido en julio pasado por quien entonces era su presidente, Juan Carlos Echeverry, como “la joya de la corona”. Si bien no hay cifras claras, Echeverry ha señalado en intervenciones públicas que la cantidad de barriles de Trogón asciende a los “miles de millones de barriles”.

José Costello, vicepresidente de la regional Orinoquia de Ecopetrol, dijo en enero que los dos campos más productivos de la empresa —Rubiales y Castilla La Nueva, ambos en el Meta— están llegando a su madurez y su producción va para abajo. Trogón llegaría a reemplazar a esos pozos y, según Costello, convertiría a Guamal en el principal municipio productor de crudo del país. Pero un reciente oficio de la Procuraduría podría frenar el proyecto hasta nueva orden y costarle a Ecopetrol una sanción ambiental.

El documento, que redactó el procurador encargado de los asuntos ambientales de los Llanos Orientales, Hilmer Fino, recoge ocho presuntos incumplimientos e irregularidades de Ecopetrol a la hora de construir su pozo estrella y le pide a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que investigue, pero también que, “a la mayor brevedad, y antes de que se cause un daño irreversible, se suspendan todas las actividades adelantadas por Ecopetrol en la plataforma correspondiente al pozo exploratorio Trogón 1”. Según el procurador, los cuerpos hídricos y la vocación productiva de la vereda, en la que predominan las fincas de menos de tres hectáreas, podrían estar amenazados.

Esta historia parece la repetición de otra que ya vivió Guamal, con unas cuantas variaciones. En mayo de 2012, este municipio ganadero y agrícola del piedemonte llanero estaba a punto de sumarse a los municipios petroleros de los Llanos. Ese mes, la ANLA le dio luz verde a Ecopetrol, que se alió con la multinacional Repsol para explorar y explotar un bloque petrolero de poco más de 206.000 hectáreas que cobijaban cinco municipios del Meta. Su nombre era CPO09. Su pozo más prometedor: el Lorito 1, ubicado en Montecristo, una vereda de Guamal.

El problema es que a tan sólo 100 metros de la plataforma Lorito 1 pasaba el río Humadea, que atraviesa el municipio bajando desde el páramo de Sumapaz y del cual se toma el agua del acueducto municipal. Además, la plataforma se construiría sobre un acuífero subterráneo de 1.032 hectáreas. Édgar Cruz, quien dirige la Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea (Corpohumadea), lideró una protesta pacífica y desde Corpohumadea interpuso una tutela y una acción popular contra Lorito 1, que llegaron hasta la Corte Constitucional.

El peor enfrentamiento sucedió en enero de 2013, cuando el Esmad llegó para despejarle el camino al taladro que haría las exploraciones. Ese mismo mes, Cormacarena lanzó un concepto técnico señalando que el pozo Lorito 1 ponía en riesgo las aguas del acueducto municipal. La Defensoría le dio la razón, así como la Gerencia Ambiental del Meta. Mientras tanto, Ecopetrol argumentaba que mientras la ANLA no se pronunciara sobre el Plan de Manejo Ambiental específico del pozo, no era posible frenar los trabajos. Un mes más tarde, cuando peones, funcionarios e ingenieros de Ecopetrol ya estaban instalando la plataforma, la ANLA aprobó el Plan de Manejo Ambiental para Lorito 1.

Finalmente, con la comunidad, Cormacarena, la Defensoría y la Gobernación en contra, en los últimos meses de 2013 la Corte Constitucional ordenó parar las exploraciones en Lorito 1 hasta decidir a fondo. Luego, el Consejo de Estado levantó esos impedimentos y Ecopetrol siguió trabajando con la promesa de correr la plataforma 300 metros. Pero, jurídicamente, ese pozo sigue en veremos. Según el líder comunitario Édgar Cruz, fue por eso que, en 2014, Ecopetrol empezó a hablar de una nueva joya de la corona: el pozo Trogón 1.

De vuelta al principio

Con semejante montaña de problemas, la comunidad, representada por Corpohumadea, se sentó con Ecopetrol, así como con las autoridades locales y regionales, a negociar las condiciones en las que se haría este nuevo pozo. Según le dijo Édgar Cruz a este diario, “con la empresa implementamos tres mesas: la laboral, la ambiental y la de responsabilidad social empresarial”.

En dos de ellas —la laboral y la de responsabilidad social— se llegó a acuerdos: Ecopetrol aclaró que la contratación se haría en un 90 % con operarios del municipio, y construyó el Centro Vida Eliseo Achury Garavito, para 500 adultos mayores. Sin embargo, la mesa ambiental, en la que, según Cruz, la empresa se comprometió a hacer nuevos estudios técnicos de impacto ambiental, se quedó en el aire. De acuerdo con Ecopetrol, eso sucedió porque Cormacarena no volvió a convocar a las reuniones. Al preguntarle a esa corporación por qué no volvieron a citar a las mesas, no hubo respuesta.

Según Corpohumadea, en octubre de 2016 la gente volvió a tener noticias de Trogón 1. Al lote La Porfía empezaron a entrar camiones y peones, funcionarios e ingenieros de Ecopetrol para instalar la plataforma. Esa llegada de la empresa desencadenó nuevas protestas: Corpohumadea recogió 400 firmas de personas que se oponen al proyecto y se instaló una asamblea permanente frente al lote La Porfía. Sus peticiones eran que les socializaran, con detalle, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el pozo Trogón 1.

Ecopetrol asegura que, antes de su entrada, hizo reuniones con las comunidades y que informó “predio a predio” sobre los trabajos que estaban haciendo. Pero según información de prensa, de Cormacarena y que la misma empresa le facilitó a El Espectador, sólo hay constancia de reuniones a partir de 2017 en las que se habló puntualmente del Plan de Manejo Ambiental específico de Trogón 1.

“Ellos empezaron a hacer trabajos sin siquiera contar con un Plan de Manejo Ambiental específico para el pozo”, señaló Édgar Cruz. Y es cierto: los papeles demuestran que Ecopetrol le entregó a la ANLA y a Cormacarena este documento el 23 de junio de 2017, tres días antes de tener la segunda de dos reuniones para hablar sobre el mismo con las comunidades.

De hecho, esa presunta falta de socialización es el primer incumplimiento por el cual el procurador Hilmer Fino solicitó suspender el proyecto. Para el procurador, “no se ha cumplido con esta obligación, que no puede entender satisfecha con el suministro de información vaga sobre el área de perforación exploratoria”. Los opositores al proyecto se preguntan cómo es que una empresa puede darles la información clara y completa sobre un Plan de Manejo Ambiental que ni siquiera ha sido aprobado por la ANLA y sobre el cual Cormacarena tampoco se ha pronunciado.

Ecopetrol se defiende asegurando que para eso creó un grupo de buenas prácticas ambientales con gente de las “comunidades afectadas” y que ese grupo, tras varios recorridos por la vereda, no encontró ninguna fuente de agua cercana al proyecto. No obstante, quienes se oponen critican que, de sus 18 integrantes, sólo cuatro viven en la vereda (el resto viene de otras partes del municipio) y ninguno hace parte de la Junta de Acción Comunal o de los grupos ambientalistas veredales.

De hecho, la falta de un inventario completo y detallado de los acuíferos subterráneos y otros cuerpos de agua presentes 200 metros alrededor del pozo es otro de los puntos que señaló la Procuraduría en su oficio. Si bien este debía presentarse en el Plan de Manejo Ambiental, Ecopetrol aseguró que no fue posible hacerlo pues la gente no los dejó entrar a los predios. El procurador cree que la empresa no agotó “todas las herramientas jurídicas ni los mecanismos técnicos” para cumplir con esta obligación.

El procurador Fino dice, además, que hay una indefinición, tanto en el programa de compensación forestal por el pozo como un desarrollo incompleto de los planes de contingencia en caso de derrames. Además asegura en su solicitud que no se han elaborados dos importantes fichas del proyecto y que, de acuerdo con las licencias, deberían hacerse antes del inicio de las obras: una sobre cómo van a compensar a los minifundios que se podrían ver afectados con una obra de esta magnitud y otra sobre la ubicación del límite más alto de la vereda, a partir del cual la empresa no puede realizar ninguna intervención.

Para el procurador Fino, el hecho de que ninguno de estos puntos se haya cumplido antes de que el taladro llegara a la vereda Pío XII es suficiente para pedir una suspensión. No obstante, la ANLA le explicó a El Espectador que el inicio de obras civiles sin que haya un Plan de Manejo Ambiental para el pozo es completamente legal. Mejor dicho: una empresa puede construir la plataforma e instalar el taladro para la exploración, pero no puede hundirlo en la tierra hasta que la ANLA apruebe ese documento.

Por eso, Ecopetrol argumenta que no es posible frenar los trabajos, que empezaron en julio pasado y que, según el cronograma de la empresa, deberán terminar en 42 días. Por su parte, la ANLA le respondió a El Espectador que, si bien podría haber infracciones, seguía revisando. Y que hasta no tener un concepto técnico definitivo, no podía pronunciarse.

Así, lo más probable es que cuando la ANLA empiece a estudiar la solicitud del procurador para frenar las obras, estas ya hayan terminado y la empresa esté verificando si allí se encuentran los “miles de millones de barriles” de petróleo que convertirían a Trogón 1 en el pozo más importante del portafolio de Ecopetrol. Mientras tanto, la Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea (Corpohumadea) sigue liderando la protesta pacífica, que ya cumple nueve meses.

(Fuente: El Espectador)

Existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, Viajero del río, Y existe el río. Este poema que el escritor cartagenero Raúl Gómez Jattin le dedicó al Valle del Sinú podría estar equivocado. De acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Laboratorio de Agua de la Universidad de Córdoba, el río Sinú –fuente principal de agua para Córdoba y Sucre– está contaminándose por el uso de plaguicidas y metales pesados.

La investigación tomó 16 muestras en 16 puntos distintos del trayecto del río, desde su nacimiento, en el Nudo de Paramillo, hasta su desembocadura, en el mar Caribe. La conclusión es que los metales pesados como hierro, zinc, manganeso, cadmio y plomo están presentes tanto en el agua como en los peces, igual que los plaguicidas, sobre todo en Lorica, Chimá, Momil y Purísima.

Lo grave es que la investigación concluyó que la cosa se pone peor en invierno, pues los sedimentos se mueven y las partículas de metal se liberan. Y rrecisamente, el primer día de agosto de este año, el IDEAM y el Grupo de Gestión de Riesgo de la CVS emitieron una alerta roja en las cuencas del río Sinú y San Jorge, sobre todo para los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento. El río ya está desbordado y tiene con el agua a las rodillas a 60.000 ribereños.

Según el investigador principal, el profesor Edineldo Lans Ceballos, la particularidad de este estudio es que calculó la cantidad de metales en el agua que son asimilados por los organismos. Es decir, son elementos que no pueden ser filtrados en los procesos convencionales de tratamiento de agua –a pesar de que se vea cristalina– ni eliminados del organismo. Todo eso se suma al hecho de que son acumulativos, como una mancha que no quita nunca.

En exceso, estos metales afectan las vías respiratorias y digestivas, comprometen la reproducción de ADN, pueden provocar úlceras, irritación de la piel, anemia, perturbar el metabolismo de proteínas y generar otras adversidades para la salud humana y la vida.

En cuanto a plaguicidas, el panorama no mejora. Prácticamente todos los plaguicidas sintéticos son tóxicos en mayor o menor grado, y como son compuestos que no se degradan, comienzan a acumularse. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, en Colombia hay 2.000 plaguicidas registrados que están permitidos y en uso, y unos 63 elementos prohibidos o suspendidos por usar elementos tóxicos como el mercurio. Los plaguicidas que son bañados son arrastrados por el viento, caen con las gotas de lluvia y viajan en el cauce de los ríos. Mejor dicho, mientras usted lee esto, las aguas del río Sinú se vuelven cada vez más tóxicas.

Aunque sus efectos no sean visibles inmediatamente, causan trastornos hepáticos, erupciones en la piel y los ojos, el sistema nervioso central y es sabido por muchos que pueden ser carcinógenos.

¿Cómo midieron la contaminación del Sinú?

Si bien la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge tiene un Laboratorio de Aguas para testear el río, el estudio de la Universidad de Córdoba fue el primero en diseñar una línea base para medir la calidad del agua del río Sinú, que es el recurso hídrico principal de ocho municipios, incluida Montería, y la totalidad de la población indígena zenú.

El índice de calidad del agua, WQI, (por su sigla en inglés), que en español es conocido como ICA, nació en los años setenta y en la actualidad es utilizado para supervisar la calidad de los ríos a través del tiempo y comparar aguas de abastecimiento en Estados Unidos y muchos países del mundo. Se calcula de 0 a 100, siendo 0 el agua más contaminada, y 100 de excelente calidad. El río Sinú se sacó entre 51 y 70 puntos.

Con esta herramienta las autoridades ambientales tienen el insumo para comparar el estado del agua a través del tiempo y tomar medidas al respecto. Pero hay un detalle: este estudio no es nuevo. Se empezó en 2009 y fue publicado en 2015, desde entonces ninguna otra investigación se ha ocupado de medir la calidad del agua del río Sinú, que según el profesor Lans Ceballos, “debe estar empeorando”.

Si no hay estudios, es porque no hay medidas, es decir, instrumentos o sistemas para vigilar la calidad de las aguas superficiales: ríos, ciénagas, quebradas, lagunas, etc. Por eso este estudio recurrió a las medidas que proponen países como Ecuador, Estados Unidos y Alemania para determinar qué tan malo es malo.

Según Lans Ceballos, “no podemos saber de dónde viene la contaminación y no hay estudios que respondan a esta pregunta.Pero es muy claro que la agricultura, la ganadería extensiva, el mal manejo de plaguicidas y de otros desechos es la causa principal de que el río Sinú tenga un nivel de contaminación medio”.

Sin duda, el estudio es una alarma para los ocho municipios que baña y que dependen de la siembra, la pesca, la ganadería, la minería arenera o la contratación de transportes improvisados. Es preocupante sobre todo para el pueblo indígena Zenú, una comunidad anfibia cuya supervivencia depende de la salud del río y de los peces que lo habitan.

(Fuente : El Espectador )